El 24 de junio de 2014, veinticinco días después de interpuesta la denuncia por las víctimas de la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación de la colonia El Paseo, el Juzgado Tercero Penal giró la orden de aprehensión contra Córdova Bautista. Veinte días antes, de acuerdo a la agencia Notimex, el Vaticano le habría retirado el sacerdocio mediante decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Trece días hacía que el arzobispo potosino se vio obligado a reconocer la existencia de los abusos y pedir perdón a las víctimas. Lo hizo apenas volvió de la visita “ad limina” que los obispos mexicanos realizaron durante mayo para informar al Papa el estado de la diócesis que gobiernan. Parte del escándalo lo vivió el arzobispo potosino en Roma. La nota de la agencia noticiosa precisaba que: “El arzobispo potosino fue recibido por el Papa Francisco el sábado 31 de mayo en el Palacio Apostólico. De la reunión participaron otros prelados de México” (periódico Pulso del 4 de junio de 2014). Fuentes de primera mano aseguran que Francisco abordó con Cabrero el tema de Córdova que por entonces daba la vuelta al mundo, conminándole a resolverlo a la brevedad.

El 7 de mayo, el vocero oficial de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego, afirmó que Córdova se encontraba resguardado en ““algún punto de la ciudad” pero “no escondido”y “evita salir a la calle por prevención de ser sujeto de agresiones por el escándalo a su alrededor” (diario La Razón). El 19 de junio, en cambio, modificó su versión para afirmar que: “se le pidió que entregara su oficina en el arzobispado el pasado 9 de abril fecha desde la cual se desconoce su paradero. A su vez, indicó que se le ha buscado para notificarles de su cese en el ejercicio sacerdotal en los diversos domicilios que presentó, sin embargo, sigue ilocalizable” (portal de Plano Informativo, nota de Fernando Bermúdez). Poco más de un mes antes Cabrero declaró haberse entrevistado con él antes de partir a Roma (periódico El Sol de San Luis, del 14 de abril).

Ninguna de las instituciones involucradas, la Arquidiócesis potosina y la Procuraduría de Justicia, durante este periodo crucial tomaron medidas pertinentes para evitar la fuga o localizarle siquiera.

Alberto Athié, según sus propias fuentes, declaró que Córdova habría salido del país junto con una comitiva de obispos mexicanos para asistir a la canonización de Juan Pablo II, ocurrida el 27 de abril en El Vaticano, y que después se habría ido a España donde se le perdió la pista y no regresó a México (diario digital SinEmbargo edición del 28 de mayo del 2014)

Nada de lo anterior, ni de otra investigación alguna, consta en las 259 fojas útiles de las que se compone el expediente de la Averiguación 62/2014-A instruido en el Juzgado Tercero del Ramo Penal en contra de Eduardo Córdova Bautista.

De las 259 fojas del expediente, 240 –que representa 93 por ciento– refieren a actuaciones realizadas, fundamentalmente por iniciativa de las víctimas, en los veinticinco días entre el 30 de mayo que se presentó la denuncia penal y el 24 de junio del 2014 cuando se giró la orden de aprehensión. Las 19 fojas restantes, un escaso 7 por ciento, dan cuenta de actividades posteriores a junio de 2014 hasta abril del presente 2016, la mayoría de ellas consisten en solicitudes realizadas por los representantes legales de las víctimas pidiendo informes del avance de las indagatorias para la localización y captura del indiciado, sin respuesta alguna. A lo largo del expediente sólo aparece un “avance de informe” de la Policía Ministerial de fecha 16 de junio de 2014 cuando agentes policiacos se apersonaron en los supuestos domicilios de Córdova “no encontrándose a persona alguna que pudiera proporcionar mayor información del activo”. El informe es de una foja.

Hoy sabemos que las declaraciones del ex procurador general de justicia en el estado, Miguel Ángel García Covarrubias, aparecidas en prensa el 8 de julio de 2014 afirmando que: “desde el martes pasado la Interpol emitió la ficha roja en los 180 países con los que se tiene convenio de colaboración internacional, para poder localizar a Eduardo Córdova Bautista” (portal de Plano Informativo) eran mentiras y que apenas hace unos cuantos días, a dos años del inicio del caso, la Interpol publicó en su página la ficha.

Con la intención de conocer los avances tanto para dar con el paradero y captura, como con el avance de la denuncia por encubrimiento que la Procuraduría de Justicia potosina nunca ha remitido ante el juzgado ni citado a comparecer a nadie de la Arquidiócesis potosina, como lo confirman las recientes declaraciones del Arzobispo (La Jornada San Luis del 11 de abril de 2014), el equipo de representantes legales de las víctimas, solicitamos entrevista con el procurador Federico Garza Herrera, quien atentamente nos recibió el 14 de enero. Debimos darle los datos de la averiguación previa y su ubicación en la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto y Delincuencia Organizada pues no disponía de ellos. Nos solicitó algunas semanas para ubicar el expediente y comunicarnos los avances, así como revisarlo directamente con nosotros. La cita se acordó para el 28 de enero. Ese día ya no nos recibió el procurador sino que se nos remitió con el director de Investigaciones, el licenciado Raúl Gerardo Flores Olguín, quien no sabía a qué íbamos pues no fue debida y previamente enterado. Debimos repetir lo hecho antes: darle los datos de la averiguación previa y su ubicación al interior de la PGJE pues tampoco los conocía y nos solicitó, ahora, otro par de semanas para hacer lo que habíamos acordado con Garza Herrera realizar ese día. La cita se estableció para el 9 de febrero. Ya ni siquiera nos recibió entonces.

Esos son los “avances” que las autoridades de procuración de justicia potosina han “realizado” en dos años y que constan en el expediente.

Hace poco, en nota periodística se asegura que la Procuraduría le ha localizado en el estado de Sonora sugiriendo que no ha actuado en consecuencia bajo el argumento de una supuesta “cercanía de la familia del Procurador con Córdova Bautista”. Sus informantes serían “una fuente cercana a la Procuraduría” y “familiares de una de las víctimas” (edición 21 de La Orquesta Semanario, del 16 al 23 de febrero). El procurador Garza Herrera  desmintió proteger a Córdova aunque confirmó que “en efecto, en el estado de Sonora les dieron reportes de la presencia de Córdova Bautista, así como en otros estados, sin embargo no han tenido “la suerte” de encontrarlo, aunque aseguró que se está trabajando en el caso y tiene manera de demostrarlo” (La Jornada San Luisdel 19 de febrero de 2014). Al parecer no quiso hacerlo ante los representantes de las víctimas en las tres ocasiones en las que inútilmente se lo solicitamos.

A dos años del caso Córdova, sólo los esfuerzos de las propias víctimas apoyadas por algunos activistas, periodistas y sus asesores legales lograron dar a conocer a la opinión pública de forma fehaciente y comprobada los abusos cometidos durante décadas por el representante legal de la Arquidiócesis con pleno conocimiento de ésta. La sanción social de repudio fue contundente y obligó tanto a la Iglesia local como a las autoridades a reaccionar. La primera para alejarlo del sacerdocio y las segundas para girar orden de aprehensión. No habría ocurrido sin la presión que la exposición del caso colocó ante la opinión pública. Unos opinan que es una especie de justicia y algunas de las víctimas hasta pueden haberse sentido, en parte, reivindicadas. En estricto rigor no hay justicia aún y la impunidad prevalece.